Los sindicatos se fijan el mes de febrero para lograr un acuerdo con el gobierno sobre las mejoras salariales de los empleados p煤blicos

Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT

UGT ha participado, junto a CCOO y CSIF, en la reuni贸n de trabajo celebrada hoy con el ministro de Hacienda y Funci贸n P煤blica, Crist贸bal Montoro, a quien ha trasladado su exigencia de avanzar en la negociaci贸n de mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados p煤blicos. Ha sido la primera reuni贸n con el ministro despu茅s de que el Gobierno renunciara en el mes de septiembre a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Montoro se ha comprometido a no abandonar la negociaci贸n y a que, si alcanza un acuerdo con los sindicatos, 茅ste se respetar谩, haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o se prorroguen los de 2017. El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha advertido de que no debe volver a suceder lo que ocurri贸 durante las negociaciones del mes de septiembre, cuando el Gobierno decidi贸 de la noche a la ma帽ana no llevar a las Cortes el anteproyecto de PGE. 鈥淪i nos sentamos a negociar es porque, con presupuestos o con pr贸rroga, lo que acordemos 鈥搒i es que acordamos鈥 ser谩 respetado por el Gobierno鈥, ha precisado.

Para Julio Lacuerda, Secretario General de FeSP-UGT, el Gobierno quiere y necesita acuerdos, pero han sido los sindicatos los que le han puesto los l铆mites. Unos l铆mites que pasan por la recuperaci贸n del poder adquisitivo y la reversi贸n de las decisiones unilaterales adoptadas por el Ejecutivo en materia de derechos, como las relacionadas con la jornada laboral, la Incapacidad Transitoria o la jubilaci贸n parcial, entre otras. 鈥淪i no se revierten estos recortes, no podr谩 haber acuerdo鈥, ha a帽adido el secretario general de FeSP-UGT.

UGT, junto al resto de sindicatos, ha fijado como punto de partida de la negociaci贸n, que proseguir谩 el pr贸ximo d铆a 12, la oferta presentada por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Esa oferta, a juicio del sindicato, no garantizaba la recuperaci贸n del poder adquisitivo, y las variables que se propusieron en septiembre no sirven porque tienen que ser m谩s garantistas. Los sindicatos han establecido los 煤ltimos d铆as de febrero como la fecha l铆mite para alcanzar un acuerdo, fecha que guarda relaci贸n con la intenci贸n del Gobierno de presentar los Presupuestos ante el Parlamento el mes que viene.

En la 煤ltima reuni贸n celebrada en septiembre, el Ministerio present贸 una propuesta que planteaba una subida salarial del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2010, adem谩s de una parte variable ligada a la evoluci贸n de la econom铆a que, si se cumpl铆an las previsiones de crecimiento del Gobierno, supondr铆a un 0,25% en 2018, un 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. UGT considera esas cifras un punto de partida para la nueva negociaci贸n.

El sindicato tambi茅n defiende el retorno a las 37,5 horas como jornada laboral m谩xima, tal y como quedaba fijado en el Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico, de modo que las organizaciones sindicales puedan negociar otra jornada diferente con las Administraciones y organismos que lo consideren.

Esa medida, hacia la que el propio ministro ha mostrado una mayor flexibilidad en las 煤ltimas semanas, permitir铆a crear nuevos puestos de trabajo. En Andaluc铆a, por ejemplo, una comunidad que hab铆a implantado la jornada de 35 horas hasta su anulaci贸n por el Tribunal Constitucional, esa reducci贸n horaria podr铆a crear, seg煤n c谩lculos de UGT, cerca de 15.000 nuevos empleos, una cifra similar a la que se prev茅 en Madrid. En otras como Baleares rondar铆an los 1.600, y en La Rioja se calcula que podr铆an crearse alrededor de 500 nuevos puestos.

Otra de las cuestiones que plantea UGT es que todos los empleados p煤blicos perciban el 100% de su salario en los casos de incapacidad temporal, para as铆 evitar desigualdades injustificadas entre los trabajadores. En la actualidad, y tras diversas negociaciones, hay una parte que ya se ha podido recuperar, pero la reivindicaci贸n de UGT es que se haga de forma completa y que no haya diferencias entre comunidades aut贸nomas, Ayuntamiento y la Administraci贸n General del Estado (AGE). Tambi茅n ha reclamado fondos adicionales para la AGE.