Intervención de Miguel Salazar en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura

Os ofrecemos la intervención completa que ayer, día 25 de marzo de 2013, hizo el Secretario General de FETE-UGT Extremadura, Miguel Salazar, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura, con un profundo análisis valorativo del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.

Buenos días, señor presidente y miembros de la Comisión de Educación. Antes de comenzar mi intervención quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la oportunidad que da a la UGT, a través de la Federación de Enseñanza, de exponer el análisis y valoración sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, y el impacto que va a tener en la educación.

La valoración que va a realizar la Federación de Enseñanza tiene como objetivo hacer llegar a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura el posicionamiento de la Unión General de Trabajadores sobre este anteproyecto, en especial porque para la sociedad española y extremeña la educación es un factor de futuro, de desarrollo y vertebrador.

FETE-UGT rechaza el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa –LOMCE– porque considera que no resolverá ninguno de los problemas reales que tiene la Educación en nuestro país y conlleva la pérdida de conquistas educativas tales como la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria y la cohesión social.

Además se presenta en un momento de recortes y de reducción del presupuesto para la educación sin precedentes en la historia reciente, por lo que queda supeditado al contexto social y económico que empeorará la situación del sistema educativo y sus resultados.

Va a suponer la séptima ley orgánica educativa de la democracia, lo que conlleva un paso atrás para conseguir un sistema educativo estable.

El Anteproyecto establece una serie de modificaciones al articulado de la LOE y la incorporación de nuevos artículos, como si estos fueran los únicos posibles para mejorar los puntos débiles de nuestro sistema educativo. Una vez analizados detenidamente podemos comprobar que no van a conseguir los objetivos previstos, sino que es una marcha atrás en lo conseguido paulatinamente con las leyes anteriores.

Muchos de los cambios que pretende introducir la nueva ley van dirigidos a entender la calidad educativa exclusivamente por sus resultados. El Ministerio basa muchos de sus cambios en los resultados que obtienen nuestros alumnos en las evaluaciones e informes internacionales.

Ya en el preámbulo aparecen numerosos comentarios sobre el concepto de competitividad en la educación con fines economicistas, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral del alumnado.

Entrando a analizar los contenidos del Anteproyecto, observamos que por la distribución de competencias y asignaturas que aparecen en el anteproyecto, desde FETE-UGT consideramos que va a ser la Administración General del Estado la que va a tener un mayor control del currículo en detrimento de las competencias de las Comunidades Autónomas. La LOMCE nos dirige hacia un currículo centralizado y uniforme, con numerosas pruebas estandarizadas que conducen a la rigidez y a delimitar únicamente con sus resultados academicistas lo que es éxito o fracaso escolar, sin tener en cuenta otros aspectos que influyen directamente en los resultados como características del alumnado, los procesos, el entorno…

Por otro lado, la reducción de materias y el aumento de la carga lectiva de las instrumentales, matemáticas, ciencias, lengua, tanto en la ESO como en Bachillerato, dejando de lado otras áreas creativas y formativas no harán otra cosa sino empobrecer la formación integral del alumnado. Áreas como las artísticas –música, plástica y visual– junto con la Tecnología, la Cultura Clásica y Ética, Educación para la Ciudadanía, quedan reducidas o suprimidas.

Pero lo que más destaca es que es una ley segregadora, estableciendo itinerarios excluyentes que seleccionan y clasifican al alumnado incluso antes de acabar la enseñanza obligatoria y que va a suponer que solo una minoría seleccionada pueda acceder a estudios superiores, degradando de antemano el resto de enseñanzas e impidiendo que el alumno se sienta motivado para desarrollar al máximo sus capacidades.

Esta segregación se produce a través de diferentes vías: al establecer en 3º de la ESO la opción de poder optar por dos modalidades de Matematicas; por los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento; con la creación de un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica para el alumnado con 15 años de edad y que no se encuentre en condiciones de alcanzar la competencias básicas; por convertir 4ª de la ESO en un curso de iniciación con dos trayectorias bien diferenciadas y excluyentes, por las enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas para quienes quieran cursar Bachillerato o Formación Profesional respectivamente; por la implantación de Evaluaciones Externas y la Elección Temprana de itinerarios.

En cuanto a las evaluaciones externa, es la manera más eficaz de segregación del alumnado, que tiene que superar, desde segundo o tercer curso de primaria y al final de cada etapa, pruebas externas (reválidas) que van a ir dirigiendo sus pasos hacia los siguientes cursos y etapas, según los resultados de las mismas,

Estas pruebas van en contra de la evaluación continua. No servirá de nada el esfuerzo de todo un año ya que éste se juzgará en una prueba final que realizarán en su centro, pero que estará aplicada y calificada por especialistas externos al mismo. Esto puede condicionar el desarrollo del aprendizaje, ya que éste se puede orientar a la superación de esta prueba en vez de a conseguir una educación integral del alumnado, como ya habíamos dicho anteriormente. También en algunas de estas pruebas se promueve como medida la repetición de este curso.

Destaca la reválida que realizará el alumnado el finalizar 4º curso (3ª reválida) que tendrá que superar para obtener el título de Graduado en ESO. UGT rechaza que este título sea diferenciadao en función de la modalidad de estudio elegida. La realidad es que esta reválida va a marcar el paso o no a la siguiente etapa, devaluando el trabajo realizado por el profesorado y el alumnado durante 4 años.

Con esta medida pueden quedar fuera del sistema educativo un número elevado de jóvenes, al encontrarse que para seguir avanzando en su formación, han de volver a presentarse de nuevo a la reválida o a la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio con 17 años cumplidos.

Todo esto supone poner trabas en el camino para el alumnado con más dificultades de aprendizaje, sobre todo en la ESO, una etapa que le puede suponer una paralización en el desarrollo de sus capacidades. Estas reválidas van a generar un aumento de la tasa de abandono escolar temprana y un aumento de las repeticiones desde los primeros cursos. Una vez más, con esta medida va en contra de los objetivos fijados por la OCDE para el 2020 de lograr reducir esta tasa.

Un tema grave es la situación en la que deja la realización de estas pruebas al profesorado. Este no podrá participar ni en la elaboración ni en la realización de estas pruebas externas, que serán aplicadas y calificadas por personas que no conocen al alumnado, lo que en cierto modo demuestra la desconfianza del Gobierno hacia la labor del profesorado generando la desmotivación del mismo. Por otro lado estas acciones los desautorizan frente a sus alumnos y alumnas.

Por todo ello hay que rechazar la implantación de estas reválidas y defender que la mejora del abandono escolar no se va a conseguir con ellas, sino mediante la implantación de programas de atención a la diversidad que aborden, cuanto antes, los problemas de aprendizaje del alumnado.

En cuanto a la Elección temprana, todos los informes sobre educación aconsejan que hay que evitar la separación temprana del alumnado. En Suecia y Finlandia se emprendieron reformas educativas para retrasar la separación del alumnado y el resultado fue una mejora en el nivel de estudios alcanzado por el alumnado de ambos países. Así pues, las medidas que se quieren adoptar con esta Ley están lejos de estas premisas.

Frente a esta medidas segregadoras hay que defender otras, tales como: disminución de las ratios, desdobles, programas de diversificación curricular, etc., que curiosamente son las que desaparecen en este Anteproyecto. No se encuentra en esta propuesta de Ley ninguna referencia a la inclusión educativa, al alumnado con necesidades específicas, a la atención adecuada a las capacidades individuales del alumnado, a Educación Especial…

Autonomía de los Centros

Es una ley que quiere potenciar la Autonomía de los centros pero de una manera encorsetada e interesada, dirigida a la especialización de los mismos.

Este modelo de autonomía va a contribuir a que los centros se puedan ir diferenciando unos de otros, ya que permite hacer ofertas curriculares diferenciadas. Teniendo en cuenta que los recursos están ligados a los resultados (según se desprende de la Ley), estas diferencias se verán acrecentadas.

Otra consecuencia va a ser la separación del alumnado en función de sus niveles académicos, es decir, diferenciar las aulas entre los listos y los torpes, se establece un modelo educativo profundamente segregador y elitista.

Para FETE-UGT se debería optar por una autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los centros, que permita tanto el desarrollo de proyectos educativos como la organización de la atención a la diversidad del alumnado, la elaboración de planes de convivencia, etc. No podemos olvidar, no obstante, que la autonomía de los centros tiene un límite infranqueable que las Administraciones deben garantizar: la autonomía curricular, que debe ser única en todos los centros sostenidos con fondos públicos

No se puede conceder un aumento de la autonomía curricular a los centros, pues puede convertirse en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa, dando lugar a la “especialización curricular” y a la selección de los alumnos por el currículo. De esta forma se excluye a un determinado grupo (alumnos con dificultades de aprendizaje, sociales o económicas, minorías…) para los que el Anteproyecto no contempla medidas especiales que les ayuden a disminuir esas dificultades. Con estas premisas difícilmente se puede garantizar una educación basada en la equidad, en la igualdad real de oportunidades.

Dirección Escolar

El fortalecimiento de las direcciones es otro aspecto que desarrolla la Ley incrementando su poder de decisión y actuación, dándole poderes para la selección del personal docente e incluso en la admisión del alumnado, en la realización de los proyectos de calidad. Este incremento se ve reflejado especialmente en las atribuciones de los directores/as

Parece razonable y positivo que los equipos directivos asuman mayor poder de decisión en temas de disciplina escolar, al igual que mayores facultades que les permita agilizar las decisiones económicas y administrativas.

Consideramos que no se pueden introducir en los centros públicos mecanismos propios de la empresa privada, en cuanto a la selección del personal. Por otro lado existe el peligro de la desregulación del profesorado funcionario que accede mediante concurso de traslados y de intervención en las condiciones laborales del profesorado

Esta reforma plantea un gran recorte en la participación de la comunidad educativa suprimiendo competencias de los Consejos Escolares de los centros, eliminando la capacidad de decisión de los mismos. Parece contradictorio que por un lado esta reforma quiera aumentar la autonomía de los centros y por otro recorte competencias a la comunidad educativa (profesorado, madres, padres y alumnado), otorgándoselas al director. La participación en los centros escolares constituye una exigencia, pues la toma de decisiones participativa conduce a situaciones más ampliamente aceptadas y estables. El Consejo Escolar es un elemento vertebrador de la comunidad educativa.

T.I.C.

Otro objetivo de este Anteproyecto es el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, TICs, como herramientas complementarias de aprendizaje. Esta reforma parece haber olvidado todo lo conseguido durante los últimos años y parece incoherente que se quiera promover el uso de las TICs, cuando este programa se ha recortado en los presupuestos hasta casi su desaparición. Con esta situación de grandes recortes, mejorar el uso de las TICs es inviable.

Formación Profesional

El impulso de la Formación Profesional es una de la finalidades sobresalientes del Anteproyecto.

Uno de los aspectos nuevos es la sustitución de los PCPIs por un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica.

Con respecto a la Formación Profesional Dual, es evidente el valor que este modelo tiene y su éxito en algunos países. Sin embargo hay que tener en cuenta para su implantación el perfil de la empresa española que está compuesta por un 85% de pequeñas y medianas empresas.

Si la implantación de la Formación Profesional Dual se hace efectiva, sin los necesarios ajustes a las necesidades de nuestro alumnado y de nuestras empresas, se producirán efectos negativos. Uno de ellos incidiría directamente en el profesorado. Esto puede suponer que muchos profesores se queden sin su puesto de trabajo.

Si lo que se pretende es aumentar la empleabilidad a través del incremento de la formación profesional, habría que hacer una política fuerte de formación profesional, aumentando el número de centros, de profesorado cualificado, de infraestructuras actualizadas a las nuevas demandas…

Profesorado

Esta Ley no conlleva ninguna mejora para el profesorado, al contrario, establece una serie de medidas con las que queda de manifiesto la poca valoración profesional que esta reforma hace del mismo. Solo se le menciona de manera marginal. El informe McKinsey repite que un sistema de calidad depende de un profesorado de calidad: “bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna y correspondiente a su papel clave en el desarrollo de nuestras sociedades, responsable, motivado y con una carrera profesional clara”.

¿Acaso nuestro profesorado no cumple estos requisitos?

Es necesario que las leyes reconozcan estos valores al profesorado. Los países con mejores resultados académicos son los que más valoran y respetan a sus docentes. La calidad de un sistema educativo necesita de personal suficiente para cubrir todas las necesidades del alumnado. La reducción de plantillas por las últimas medidas tomadas por el Gobierno dificulta enormemente el desarrollo óptimo de la labor docente.

Escolarización y admisión

En la propuesta de escolarización y admisión, el Ministerio promueve y autoriza la selección de alumnado, da satisfacción a la patronal de la enseñanza privada y debilita a la escuela pública.

Así los centros con especialización curricular podrán reservar al criterio del rendimiento académico del alumno hasta un 20 % de la puntuación asignada a las solicitudes en la Postobligatoria.

Se permite financiar con fondos públicos los centros que escolarizan a alumnos diferenciados por sexo. FETE-UGT considera que no deben realizarse conciertos con los centros que diferencian por sexo, puesto que la educación ha de basarse en una relación entre iguales.

También en la programación de la red de centros se tendrá en cuenta la “demanda social” .Esto se traduce en que a la hora de realizar la oferta de plazas, la Administración tendrá como una variable más la demanda social, donde no solo entra a formar parte de esta demanda la preferencia de los padres sino también la especialización curricular de los centros, los ránquines por resultados académicos, la selección del alumnado. Esto nos lleva a un sistema basado en la competitividad, donde la calidad no estará al alcance de todos y donde las diferencias se verán acrecentadas. Los centros con mayores solicitudes contarán con más recursos y más conciertos, en detrimento de los que no alcanzan suficiente matrícula. Esto favorece la zona única al diseñar procesos de escolarización en base a la libre elección de centro.

FETE-UGT considera que esta opción solo beneficia a aquellas familias con alto poder adquisitivo ya que el resto no puede permitirse matricular a sus hijos en centros educativos alejados de la residencia familiar, puesto que los costes de transporte, comedor, etc. se lo impiden.

Enseñanza de la religión

Si en los procesos de escolarización y admisión la LOMCE satisfacía uno de los grandes objetivos de la patronal de la enseñanza privada, con lo dispuesto en el Anteproyecto sobre la enseñanza de la Religión se recoge la reivindicación de la Conferencia Episcopal de impartir la educación en valores a través de dos asignaturas, la religión confesional y su alternativa, y la desaparición de la modificada Educación para la Ciudadanía, hecho que conlleva la selección del alumnado. .

Para UGT, la educación en valores debe ser una asignatura obligatoria para todo el alumnado de tal forma, que el alumno y la familia que lo desee puedan complementarla con la enseñanza religiosa.

Memoria económica

Quiero terminar mi exposición analizando lo que respecta a la memoria económica presentada por el Ministerio. La primera conclusión es que NO se ajusta a las necesidades reales del sistema educativo, y la reforma es innecesaria en los tiempos de crisis económica que está viviendo nuestro país. El principio sobre el que pivota la reforma educativa no es de ningún modo “el incremento de la inversión en educación”, sino la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos disponibles. Cuando en el mismo documento se destaca que la inversión en educación y formación es fundamental para el crecimiento y la competitividad, cuestión que ratifican estudios realizados por la OCDE que constatan que el crecimiento económico se relaciona directamente con el nivel de formación de la población, al igual que la relación entre la tasa de actividad y de paro. No incrementar la inversión va en contra de todos los informes internacionales donde se recomienda, precisamente, lo contrario para salir de la crisis.

Reflexionando sobre las medidas que generan costes se excluyen, ente otros, los centros docentes españoles en el exterior y no se considera dentro de las mismas los centros bilingües, la lengua cooficial, las medidas de refuerzo y apoyo, desdobles y programas de mejora del aprendizaje, ya que en la Memoria se considera que son elementos que no varían como consecuencia de la reforma.

FETE-UGT considera que la ausencia de estas partidas presupuestarias es una muestra evidente de la escasa importancia que tiene para este Ministerio la formación integral del alumnado, ignorando las necesidades que muchos de ellos tienen para superar las dificultades de aprendizaje.

Tampoco aparece en el documento ninguna referencia a la Formación Profesional Dual. Es llamativo que no aparezca ninguna partida presupuestaria destinada a la misma cuando ha sido una de las enseñanzas más defendidas por este Ministerio.

Las estimaciones de los costes pretenden cuantificar el número exacto de profesores que son necesarios para poner en funcionamiento la reforma y su coste anual.Para calcular la estimación de los costes al adelantar a 3º de la ESO la elección de materias y el carácter orientador de 4º curso, se parte de la realidad actual de recortes, consolidando en la Memoria medidas que eran excepcionales como el aumento de ratio y horas lectivas.

A pesar de la minuciosidad con la que el Ministerio ha realizado estos cálculos no aparece en ningún apartado cuánto profesorado se necesitará para la puesta en marcha de la FP Básica, ni el perfil de los mismos, ni lo que supondrá en la organización y adaptación de los centros ya existentes esta implantación. No se incluye ninguna información con respecto al profesorado, ni de dónde procederá.

Por otro lado, no hay que olvidar que el alumnado de Formación Profesional Básica está dentro de la edad obligatoria de escolarización y en las estimaciones de la Memoria solo se consideran los centros que en la actualidad imparten PCPIs. ¿Debería implantarse en todos los centros de FP? Esto supondría un gran incremento de las estimaciones de costes.

Para FETE-UGT las anteriores estimaciones carecen de rigor ya que no recogen aspectos tan imprescindibles como la necesidad de contar con un número de profesores adecuado para la implantación de esta etapa, la dotación a los centros actuales de recursos para la adaptación a los nuevos programas y la previsión del aumento de centros y familias profesionales.

Aunque en la Memoria aparecen apartados que no van a suponer coste adicional, FETE-UGT estima que algunos de ellos sí van a necesitar una financiación mayor.

Este es el caso de la Prueba Final de Bachillerato y Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento del 2º curso de la ESO, ya que se pretende costear con los presupuestos actuales referidos a la actual Diversificación Curricular. Desde FETE-UGT no se entiende la modificación de un Programa que está dando buenos resultados, por otro que se desconoce, de entrada, el coste económico que necesariamente va a suponer su implantación.

En la memoria económica también se contemplan medidas que suponen una reducción de costes, que en síntesis es una reducción de profesores: la Compactación del Bachillerato y la especialización curricular de los centros.

La Ley deja a las Administraciones educativas y a los centros docentes la opción de cerrar la oferta de asignaturas de cada una de las modalidades, no siendo obligatorio, además, ofertar todas las optativas, lo que llevará a una reducción de asignaturas y por lo tanto a una reducción de plantillas. Esta reducción de una carga horaria equivalente a 2.534,4 profesores, lo que generará una reducción del coste de 91.765.555,20 euros, pero en este cálculo no se tiene en cuenta ni el Bachillerato de Artes, ni el nocturno, ni a distancia, ni las horas de reducción para cargos o la lengua cooficial.

A estas reducciones además hay que añadir las generadas por la especialización curricular y que según la propia Memoria “debería suponer a medio plazo una optimización del número de grupos de bachillerato”. Esto va a suponer según los cálculos del Ministerio: Reducción de carga horaria equivalente a 2.281 profesores menos y una reducción del coste de 82.590.448 euros.

Esta última cantidad que aparece en la Memoria no se contabiliza en el cuadro final de la misma donde se dan las cifras totales. Si se tienen en cuenta las dos cantidades anteriores resulta un recorte de 4.815,4 profesores menos en Bachillerato.

En la Memoria se especifica que “el menor número de horas-profesor necesarias para atender la oferta de estas enseñanzas permitiría destinar esos recursos a cubrir parte de las nuevas necesidades generadas por otras medidas”.

Esto para FETE-UGT es muy grave, porque con el ahorro que va a generar la reducción de este número de profesores, se pretende costear otras nuevas partidas generadas por esta Ley, que consideramos innecesarias.

Con esta medidas existirá un gran cambio de plantillas a medida que los institutos se vayan especializando y que esta versatilidad del profesorado puede influir negativamente en la calidad de las clases. El movimiento del profesorado va a ser brutal y los mejor parados, deberán ser reubicados en diferentes puestos, lo que va a provocar modificaciones en las condiciones laborales de los docentes que pueden ir en contra de derechos adquiridos.

El ministerio estima en 408 millones de euros el coste de implantación de la LOMCE, en tres años, pero no presupuesta los Costes de Consolidación hasta 2020. En esta fase serán las Comunidades Autónomas las que deberán pagar los costes indirectos que generará la Ley y que dependerán en gran medida de la reducción del índice de abandono escolar temprano –cuantos más alumnos permanezcan en el sistema educativo más habrá que invertir–, es decir, la capacidad de inversión de la Comunidades Autónomas influirá en el éxito de la consolidación de la Ley.

Según la Memoria, el objetivo de modificar el sistema educativo es “la disminución del fracaso y del abandono educativo de los jóvenes españoles”, reduciendo este último al 15 % dentro de la estrategia europea 2020. Se trataría, de alcanzar un 85 % de titulados en un programa de segunda etapa de Secundaria. En el curso 2009-2010 las personas graduadas en Bachillerato y Ciclos de Grado Medio fue del 67,5 %.

Para conseguir ese objetivo el Ministerio establece tres escenarios de consolidación. El aumento que se obtiene en cada uno de los escenarios no se ajusta a la estrategia europea 2020, ya que incluye una titulación (FP Básica) que no está dentro de este nivel.

Pero FETE-UGT, a título de ejemplo, entiende que difícilmente van a aumentar las titulaciones en Bachillerato (en el mejor de los casos hasta el 55 %), si se tiene en cuenta que según los datos aportados en esta Memoria se van a reducir 4.815 profesores, especialidades, optativas…, tal como se indica.

Los costes en cualquiera de los escenarios en este periodo de implantación deben ser asumidos y gestionados por las Comunidades Autónomas, pero no habrá compensación económica para las administraciones que deben ponerla en marcha.

Para FETE-UGT en una situación como la actual de austeridad económica, las CCAA se van a encontrar con obstáculos difíciles de superar para asumir nuevos gastos en la consolidación de esta Ley. Solo cabe la posibilidad de reducir o anular los gastos de otros programas, que ya están siendo recortados en la actualidad, para poder financiar la misma.

En el apartado 3.3, Impacto sobre el profesorado de los centros públicos, se explica que las novedades que se introducen en la LOMCE tienen una incidencia directa sobre las necesidades de especialistas. Esta incidencia en las plantillas “será distinta dependiendo de que los centros implanten o no, junto con la ESO, enseñanzas de Bachillerato y de FP”.

Se insiste en que esta nueva configuración se podrá resolver dentro del propio centro mediante ajustes en los horarios y asignaturas. También se recuerda la posibilidad establecida en la LOE por la que la administración educativa puede establecer mecanismos para la movilidad del profesorado. Esta medida permitirá a las administraciones educativas reordenar sus efectivos y tener plantillas más versátiles en los centros, según esta Memoria.

Los centros donde solo se impartan enseñanzas de ESO las necesidades de especialistas deberán atenderse con personal externo al centro, para lo cual, se recomiendan una serie de medidas para reducir los costes. Entre estas medidas está la limitación del número de interinos, la posibilidad recogida en el párrafo anterior, modelos de jornada laboral (itinerante, compartida, tiempo parcial, etc.)

FETE-UGT denuncia la inestabilidad que se va a generar en los centros con el aumento de este tipo de jornadas, que va a incidir directamente en la calidad de la enseñanza, empeorando las condiciones fundamentalmente del profesorado y del alumnado. Tenemos que denunciar la vulneración de derechos referidos a los cuerpos y especialidades de los docentes, “por cuanto se abre la puerta a cambios sustanciales en las condiciones sociolaborales de los mismos”. Difícilmente con estas condiciones se va a poder elevar el nivel educativo de nuestra población joven.

En definitiva las propuestas del MEC recogidas en el Anteproyecto:

  • Responden más a un planteamiento ideológico de la educación, que a reorientar la educación en base a las recomendaciones que emanan de los informes de la OCDE.

  • La valoración económica carece de un estricto rigor: algunos aspectos destacados del anteproyecto no se cuantifican económicamente, y la financiación de esta ley procederá de reducción de coste económico en todos los ámbitos educativos y reducción del profesorado.

  • Pueden significar la pérdida de conquistas educativas y sociales, en especial el aumento de la desigualdad de oportunidades, que pueden conducir a que la calidad educativa la tenga el que pueda pagársela. Convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos y expulsión del sistema educativo de los jóvenes estudiante con dificultades de aprendizaje.

  • El profesorado es el gran perjudicado de esta reforma: se modifican sus condiciones profesionales y se abre la puerta a la desregulación laboral.

  • Esta ley es regresiva para la educación extremeña, cumplir los principios y objetivos plasmados en la Ley de Educación de Extremadura va a ser dificil.

Para concluir pedimos la retirada del anteproyecto y que se establezca un período de diálogo con toda la comunidad educativa en el que se fomente el debate, se argumente los diferentes planteamientos y se implique a la misma, analizando conjuntamente la situación real de nuestro sistema educativo y estableciendo mecanismos de mejora en los casos necesarios.

Los cambios deben realizarse después de un diagnóstico serio de la realidad educativa que justifique la necesidad de esos cambios y las razones que expliquen las medidas propuestas.