FETE-UGT exige que se dediquen los recursos necesarios para arreglar la Facultad de Derecho

COMUNICADO DE PRENSA

El sindicato FETE-UGT Extremadura ha criticado "la grave situación de riesgo" en la que se encuentra la Facultad de Derecho de Cáceres, y ha exigido que se dediquen "los recursos necesarios" para arreglarla.

Asimismo, ha exigido a la Universidad de Extremadura y al Gobierno autonómico que dediquen "los recursos necesarios y se pongan de inmediato manos a la obra para atajar esta situación de riesgo" para la integridad física "y el correcto desarrollo de la actividad formativa".

Además, indica que es consciente de que otros mucho" edificios de la UEX, como la Facultad de Empresariales y Turismo también se encuentran "con graves deficiencias".

El fuerte temporal de la semana pasada, indica el sindicato, ha empeorado la situación ya deteriorada de las infraestructuras y ha constituido "un alto riesgo de accidente para cientos de personas que a diario acuden al centro para realizar su actividad laboral o educativa".

Asimismo, tras sufrir el derrumbe de parte de un techo durante un examen hace unos meses, añade que se realizaron "arreglos de tipo estético con el fin de ocultar las evidentes deficiencias que presenta el edificio".

Estas medidas "no paliaron los múltiples problemas estructurales que la facultad arrastra desde hace años", por lo que continúa con el deterioro "conforme las condiciones temporales son desfavorables" y que provocan "numerosas goteras, caída de techos de departamentos", instalaciones eléctricas mojadas, suelos resbaladizos "e incluso riesgo de intoxicación o enfermedad derivada del moho y otras bacterias provocadas por la humedad".

De igual modo, señala el sindicato que quedan aún meses de precipitaciones y la situación del edificio a principios de este otoño "hace temer por si las consecuencias del deterioro" pudieran provocar "una situación fatal".

En este sentido, FETE-UGT ha manifestado y defendido que tanto para el aprendizaje, como para el trabajo, se deben de tomar como base "unas condiciones mínimas y dignas", y cumplir "con el compromiso de velar por la seguridad de alumnado y trabajadores de la comunidad educativa".

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