FeSP-UGT pide la retirada del proyecto de las pruebas de evaluación final de la ESO

COMUNICADO DE PRENSA

Los Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar del Estado representantes de CEAPA, STES Intersindical, Federación de Enseñanza de CCOO, FeSP-UGT, UGT y Sindicato de Estudiantes han presentado un voto particular al Proyecto de Orden Ministerial por la que se regulan las pruebas de evaluación final de educación Secundaria Obligatoria para el curso 2017/18.

Los motivos por los que se ha votado en contra del Dictamen de Proyecto de Orden Ministerial y por los que nos posicionamos en contra de la existencia de una evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria son, entre otros, porque:

  • El alumnado pierde su derecho a aprender, cambiándoselo por un simple derecho a estudiar.
  • Se centran en determinadas áreas (Matemáticas, Lengua, Geografía e Idiomas), que se denominan instrumentales, y se prescinde de otras (artísticas, deportivas...) que en realidad son igualmente importantes, pero que, para quienes promueven este tipo de pruebas, son de segunda categoría.
  • Aunque se justifican por la intención de evaluar por competencias, en realidad miden principalmente conocimientos.
  • Son una foto fija que se realiza en un momento determinado, obviando el proceso seguido, la mejora conseguida, las características personales del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje y maduración.
  • Se lanza un mensaje de desprestigio del profesorado, al desconfiar abiertamente de su labor y, en especial, de la evaluación que este realiza.
  • Los docentes se convierten en meros preparadores de pruebas externas, dejando de enseñar y sucumbiendo a la función de instruir.
  • Estandarizan la evaluación para cerrar los currículos, abocando a que se estudie solo aquello que se evaluará.
  • Se centran, como hace la LOMCE, en intentar subir los resultados académicos encorsetando las prácticas educativas y el ejercicio de la función docente, limitando su autonomía.
  • Este tipo de pruebas estandarizadas intentan perpetuar el aprendizaje memorístico y descontextualizado.
  • La presencia de estas pruebas en muchos países se remonta a varias décadas y no se ha traducido precisamente en resultados positivos para el alumnado, ha sido justamente al contrario.
  • Los estudios demuestran que los recursos empleados en las pruebas estandarizadas no han logrado mejoras en los sistemas educativos; al contrario, se han observado efectos negativos.
  • Se cuestionan seriamente este tipo de pruebas por sus habituales defectos técnicos.
  • Se coloca a los centros educativos en ranking absurdos que intentan conseguir que determinado tipo de centros, los públicos, salgan perjudicados.
  • Su formato no está orientado, como debe hacerse, en generar un círculo de mejora constante.
  • La evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje, y este tipo de pruebas no tienen este enfoque.
  • Se centra todo en competir, en perder o ganar, con lo que se busca seleccionar al alumnado, segregarlo en base a valores prefijados de corte neoliberal.
  • Se incrementa el gasto en el sistema educativo para pagar las facturas de las entidades privadas a las que se le encargan este tipo de pruebas.

Respecto del contenido de la propia Orden:

  • Esta norma no respeta el marco legal vigente, incorporando en su contenido aspectos que lo modifican de forma ilegal, con independencia de que hayan sido negociados con las Comunidades Autónomas.
  • En todo caso, esta nueva configuración hace imposible que estas pruebas sean equiparables entre las diferentes comunidades autónomas, por lo que ni tan siquiera podrán servir para intentar obtener un diagnóstico del sistema educativo español. La discrecionalidad que la norma introduce para que cada comunidad autónoma haga ‘lo que le venga en gana’ con dichas pruebas, hace que pierdan el sentido que, en algún momento hubieran podido tener. Lo que se conseguirá con esto es gastar fondos públicos que deberían ser implementados en otras cuestiones realmente importantes. Otra consecuencia será que cada Administración educativa intentará dar forma a la prueba que realice, de manera que los resultados caminen en el sentido que desean antes de hacerlas.
  • Es decir, la norma actual colabora en institucionalizar la inutilidad de dichas pruebas.

Por todo lo anterior, los consejeros firmantes rechazan la tramitación de esta Orden ministerial y exigen la retirada de la misma por parte del MECD