Los compromisos firmados por el PP y Ciudadanos no impedirán que la LOMCE siga en vigor

El sector de Enseñanza de FeSP-UGT considera que el acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos en materia educativa, que prevé la congelación del calendario de implementación de la LOMCE en todos los aspectos que no hayan entrado en vigor, no tendrá ninguna repercusión práctica porque la LOMCE ya está implantada en las cuestiones más relevantes de la misma.

El texto “150 compromisos para mejorar España”, firmado por ambas formaciones políticas, recoge en el apartado de Educación que “se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor”. A efectos prácticos esta declaración no tiene ningún valor, ya que la mayoría de los puntos más polémico de la ley son una realidad en las aulas; entre ellos, el Decreto de las reválidas, vigente desde el 31 de julio. Además, la otra gran medida pendiente, la aplicación de la LOMCE en 2º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, arranca este curso 2016-17.

El resto de aspectos recogidos, comenzando por el propio título: “Por una educación que prime la excelencia y garantice la igualdad de oportunidades, son superficiales y demagógicos. El recorrido educativo del PP avala que la idea que tiene de igualdad y excelencia es discriminatoria. Un modelo que defiende la excelencia para unos pocos, con medidas segregadoras, correctores, selectivas, es fuente de desigualdad. La excelencia no puede reducirse a comparativas de resultados académicos y a pruebas externas que no reflejan la realidad del alumnado ni del aula.

Es contradictorio hablar de un Programa de Refuerzo Educativo contra el fracaso escolar cuando, con la LOMCE, han desaparecido los programas que se venían desarrollando con éxito en atención a la diversidad. Los recortes educativos han agravado esta situación, perdiéndose recursos humanos y económicos.

En cuanto al impulso de la FP Dual, el sindicato UGT considera que este modelo de Formación Profesional tiene escaso nivel formativo, es discriminatorio y poco transparente, además de esconder el objetivo de reducir en inversión, profesorado, instalaciones y recursos en los centros.

En relación con la reforma del sistema de gobernanza de las universidades (punto 87 del acuerdo), UGT defiende que cualquier sistema de gobernanza de las universidades españolas deberá garantizar la participación democrática, en el mismo, del profesorado y del personal de administración y servicios de las universidades.

Sobre la aprobación del Estatuto del Personal Docente basado en el Libro Blanco de la Función Docente, el sector de Enseñanza de FeSP-UGT insiste en el rechazo a dicho documento por estar supeditado a la LOMCE como concepto ideológico, porque parte del desconocimiento de la realidad de los centros docentes y de la labor que se realiza en ellos y porque es un documento partidista y sectario alejado del consenso que necesita la comunidad educativa. Consideramos de dudosa credibilidad la intención de promover un Pacto educativo que los actuales gobernantes han impedido cada vez que se ha planteado a lo largo de estos años.

Desde UGT, exigimos que todas las cuestiones referidas a condiciones laborales, contratación, formación, etc., se negocien con los sindicatos del ámbito de la enseñanza. Asimismo, parece cargado de buena voluntad el que se recojan en el punto 76 los aspectos referentes a la educación especial y atención a la discapacidad, si bien carece dicho punto de referencias a los trabajadores que la atienden, lo cual genera dudas de la eficacia final de un compromiso de tan elevado coste.

Seguimos defendiendo un sistema educativo público de calidad que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades como pilar de cohesión social. UGT considera que la Educación necesita algo más que una serie de medidas acordadas de forma improvisada para cerrar un acuerdo político. Por ello reclama para la Educación, fundamento básico del Estado de Bienestar, medidas concretas y urgentes que contrarresten los aspectos más perjudiciales de la LOMCE, así como un aumento en la inversión hasta alcanzar la media europea del PIB, una oferta suficiente de empleo público y que se reviertan los efectos de los recortes que han afectado negativamente a nuestro sistema educativo.