Propuestas en materia educativa de FETE-UGT

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Como organización sindical, y ante la difícil situación financiera por la que atravesamos, nos preocupa que las medidas de recorte educativo que ya se han adoptado más las que vendrán, previsiblemente, en los próximos meses, puedan deteriorar un servicio de calidad como es la enseñanza. Somos conscientes del enorme esfuerzo social y, también, de las múltiples trabas con las que nos vamos a encontrar para poder retomar la senda del crecimiento, pero precisamente pensando en ese bienestar que ahora todavía vemos muy lejano, vamos a seguir defendiendo la necesidad de invertir en educación, puesto que ésta va a ser la mejor inversión de futuro.

Es, precisamente, en momentos de dificultad económica cuando más se habla de introducir cambios en el modelo productivo y más se pone en entredicho la cualificación de los ciudadanos y ciudadanas, un hecho que nos lleva a valorar todavía más a la educación, al ver en ella a la única apuesta prioritaria que nos permitirá salir fortalecidos de esta crisis.

Ahora que comenzamos una nueva legislatura y desde el convencimiento de que tanto Gobierno como sindicatos debemos trabajar por el diálogo y la concertación social como valores que nos permitan avanzar sin quiebra social, desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT queremos presentar una serie de propuestas cuyo objetivo principal es avanzar en el mantenimiento de una educación de calidad para todos y todas.

1. Estabilidad educativa: no a una nueva ley de educación

La educación, uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, parece estar siempre en el punto de mira ante cualquier cambio gubernamental. A lo largo de los últimos 15 años, los sucesivos cambios de gobierno han traído consigo la aprobación de una nueva Ley educativa que no ha hecho más que demostrar la enorme fragilidad de nuestro sistema.

Si bien es cierto que, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, el ministro afirmaba su intención de no modificar la actual Ley, las reformas estructurales que en dicha intervención anunció con respecto a los estudios de ESO y Bachillerato parecen decir todo lo contrario, generando, de este modo, inestabilidad y desconcierto en buena parte de la comunidad educativa.

En este sentido, desde FETE-UGT reclamamos la voluntad de todos los partidos políticos para lograr un acuerdo de mínimos en materia educativa que estabilice el sistema. Un esfuerzo que permitirá acabar con el papel de "arma arrojadiza" en el que se ha visto inmersa la educación, ante los distintos vaivenes políticos. Acabar con ello está en nuestras manos, por eso consideramos que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) es una buena ley de bases sobre la que, en estos momentos, no debe caer la sombra de una posible derogación.

Del mismo modo, con el fin de alcanzar un sistema educativo vertebrado y homologable a nivel de Estado, desde FETE-UGT consideramos que es en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación donde deben alcanzarse los pactos entre los elementos de cohesión y coordinación de las políticas educativas de las Comunidades Autónomas.

2. Acuerdo de financiación en inversión educativa

Ante la gravedad de la crisis económica y, supuestamente, en un nuevo intento por frenar sus terribles consecuencias, tanto el Gobierno central como los de la mayoría de las Comunidades Autónomas han procedido a una drástica reducción del déficit público que se ha basado en la aplicación de medidas de recorte contra los sistemas de protección social, entre los que se encuentran los sistemas públicos de educación y sanidad.

En el ámbito puramente educativo, los recortes se han dejado sentir con importantes pérdidas tanto de empleo en el sector docente, como en los programas dirigidos a ayudar a los alumnos que tienen más dificultades.

Paradójicamente, es en momentos de crisis como los actuales cuando más se habla de la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo, un cambio que debe asentar sus bases, ineludiblemente, en una mejor y mayor formación. Nuestros estudiantes de hoy deben prepararse para ser futuros trabajadores cualificados, de ahí que deba considerarse a la educación como la apuesta prioritaria para salir de la crisis.

Creemos preciso garantizar la financiación pública a través de mecanismos que estén por encima de la alternancia política y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado. Por esta razón, FETE-UGT reclama al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que consensúen un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza, incrementando los presupuestos educativos en torno a la media europea que se sitúa en el 5,5 % del PIB, frente al 4 % de España.

En este sentido, proponemos a los partidos políticos que establezcan un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales, entre ellos la educación del Estado de bienestar, de la misma forma que, con la reforma constitucional, se ha garantizado un techo de gasto de las Comunidades Autónomas para acabar con el déficit público. Demandamos también un fondo de cohesión interterritorial para que no haya grandes diferencias educativas entre las Comunidades Autónomas.

3. La Educación concebida como un servicio público

La educación ha de ser concebida como un servicio público, por lo que exigimos que el Estado ejerza su papel de primer responsable en la prestación de dicho servicio. Desde FETE-UGT, consideramos que el derecho de los padres a elegir el tipo de centro escolar para sus hijos, debe conjugarse con la programación de la oferta educativa que se ha de realizar tanto en la red de centros públicos como en los privados concertados, acentuando el carácter complementario de ambas redes escolares.

Por ello, defendemos que los centros privados sigan recibiendo dinero público a través de los conciertos educativos, asegurándose del compromiso, por parte de la red de enseñanza concertada, de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado y de mantener su oferta de gratuidad de la enseñanza.

Del mismo modo, defendemos el pago delegado al profesorado de estos centros, oponiéndonos frontalmente a la vuelta al sistema de subvenciones, ya que esto supondría la entrega de dinero público a entidades privadas sin ningún tipo de control. Nuestra oposición también se extiende hacia aquellas decisiones, adoptadas por determinados gobiernos autónomos, que favorezcan unilateralmente a la red privada, proporcionándole terrenos para la ubicación de sus centros y favoreciéndola con créditos de bajo coste.

De igual manera, desde FETE-UGT vamos a continuar firmes en la exigencia, hacia las administraciones educativas, para que retiren los conciertos a todos aquellos centros que segreguen a su alumnado en función del sexo.

4. Medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de fracaso escolar y de abandono escolar temprano

Las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, que se realizan del sistema educativo, señalan que los dos grandes problemas de la Educación en España son los elevados índices tanto de fracaso escolar, como de abandono prematuro de los estudios. Intentando acabar con esta negativa realidad del sistema, ya en el año 2006 con la aprobación de la LOE se presentó una memoria económica que, aunque insuficiente, consiguió cambiar esa tendencia. Las inversiones realizadas en medidas de refuerzo y apoyo, en desdobles, en mejoras de las ratios, en consolidación de la tutoría, etc., fueron las causantes de este éxito educativo. Además, hay que recordar que entre 2007 y 2009 se rebajó en cinco puntos la tasa de abandono escolar y aumentó en dos, la del número de alumnos que acababan superando los estudios de ESO. En estos momentos, todas esas medidas han pasado a engrosar la larga lista de recortes como consecuencia, fundamentalmente, de la supresión de profesorado.

Es por ello por lo que exigimos la garantía de las plantillas necesarias para la atención a la diversidad del alumnado, tomando como criterio las necesidades reales de los centros, y confiamos en que, a pesar de la crisis económica, no se paralicen los programas (PROA, Escuela 2.0 y Educa 3) que se vienen desarrollando en estos últimos años.

Es preciso recordar que, con el objetivo de reducir los índices de fracaso escolar, el Gobierno, durante el curso pasado, ya abordó una nueva reforma educativa. Tanto la Ley de Economía Sostenible como la Ley Orgánica Complementaria, han recogido algunas de las propuestas defendidas por UGT, como la que hace referencia al carácter orientador de 4º de la ESO en la que defendemos dos perfiles definidos, uno hacia las modalidades de Bachillerato y otro hacia la Formación Profesional. Ambas modalidades conducirían al mismo título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, sin cerrar al alumno opciones en sus estudios postobligatorios.

Entendemos, que para acabar con los altos índices de fracaso escolar hay que comenzar a poner remedio desde el inicio de la escolarización; por eso creemos que un medio eficaz para conseguirlo sería a través de una oferta pública suficiente en el ciclo 0-3 años. Un ciclo olvidado, cuya planificación y gestión deben ser competencia exclusiva de las Consejerías de Educación.

5. Abordar las necesidades de la enseñanza postobligatoria

La reforma anunciada por el ministro de Educación en la que señala la intención de su Ministerio de alargar un año los estudios de Bachillerato nos genera, de entrada, muchas dudas sobre la concertación de la enseñanza postobligatoria.

Si bien es cierto que desde FETE-UGT consideramos necesario aumentar el peso del Bachillerato, no compartimos que se lleve a cabo a través de la transformación del cuarto curso de la ESO en primero de Bachillerato, ya que esto implicaría un cambio profundo en la organización de las enseñanzas obligatorias y postobligatorias y, además, su puesta en práctica supondría un esfuerzo económico y de difícil encaje organizativo. Todo esto sin olvidar que dicha medida conllevaría la pérdida de un curso de enseñanza obligatoria y la segregación del alumnado a los 15 años.

Nuestra organización ha venido planteando la necesidad de flexibilizar el bachillerato en dos o tres años, sin eliminar ningún curso de la ESO y dependiendo siempre del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta manera quienes sean capaces de superar los dos cursos en dos años lo podrían seguir haciendo, mientras que los alumnos a los que les resulte más difícil superarlo en ese periodo de tiempo podrían cursarlo en tres años en régimen ordinario, de modo similar a como se realiza en las enseñanzas de adultos.

Por otra parte y como ya hemos señalado, la crisis económica nos está exigiendo un cambio en nuestro modelo productivo. Desde UGT entendemos que la mejor manera de impulsar este cambio es dando una mayor prioridad a la Formación Profesional, la gran olvidada de nuestro sistema educativo. Según datos de la OCDE, para el año 2020 se necesitarán tres millones más de titulados de Formación Profesional, o dicho de otro modo, el 50 % de los puestos de trabajo que se oferten en esa fecha se destinarán a titulados de grado medio de F.P. y un 35 % a titulados de enseñanza superior.

Atendiendo a esa realidad nuestro sindicato ha apoyado las últimas reformas, realizadas durante el curso pasado, que pretendían flexibilizar el paso entre los dos grados de F.P. y aumentar las pasarelas entre estos estudios y los universitarios. Para UGT la Formación Profesional debe constituir un sistema en sí mismo independiente y coordinado con el resto del sistema educativo, incluido el universitario.

La apuesta que el Partido Popular ha lanzado sobre la Formación Profesional Dual, sin hacer ninguna concreción más, genera muchas dudas en este momento de crisis económica. Se trata de un modelo, copiado de Alemania, que no tiene en cuenta las enormes diferencias entre el tejido industrial de nuestro país con el germano. En España, hablamos en su mayoría de pequeñas y medianas empresas que difícilmente van a poder ofertar las plazas de formación que requiere un sistema como el alemán.

Desde FETE-UGT creemos que la implicación de las empresas en la formación dará lugar a una F.P. de dos velocidades. Se planteará de este modo una desigualdad en la formación de los alumnos y en su acceso al mundo laboral, por no hablar de la desregularización de la ordenación actual de la FP y de la disminución del número de profesores que imparten esta formación.

6. Religión voluntaria y sin alternativa obligatoria, y mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

FETE-UGT ha defendido siempre una escuela pública laica. Entendemos que no es en los centros educativos donde deben impartirse clases de religión confesional pero, si se trata de un imperativo constitucional, abogamos por que esta asignatura sea voluntaria, no tenga alternativa para aquellos alumnos que opten por no cursarla y, además, no sea computable ni para el acceso a la universidad ni para la promoción de curso o la petición de becas.

Por el contrario, apoyamos el mantenimiento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, puesto que es la propia práctica docente la que ha demostrado que la educación en valores, concebida solo con un carácter transversal, ha fracasado y es fundamental compaginarla con una materia específica. De este modo, la formación ético-cívica se plantea como una materia común para todos los alumnos.

Ahora se plantea reformar esta asignatura comenzando por llamarla Educación Cívica y Constitucional. Un cambio que se fundamenta en los supuestos contenidos controvertidos de la asignatura, capaces de conducir al adoctrinamiento, aunque sin explicar cuáles son, a la vez que se desconfía de la profesionalidad de los docentes que en la actualidad la imparten.

7. Autonomía escolar, pero que no se convierta en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa de los centros

Defendemos una autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los centros que permita tanto el desarrollo de proyectos educativos como la organización de la atención a la diversidad del alumnado, la elaboración de planes de convivencia, etc.

Sin embargo, hay un aspecto de la autonomía de los centros que debe tener un límite imprescindible y necesario: la autonomía curricular. FETE-UGT está en contra de conceder un aumento de la autonomía curricular a los centros, pues puede convertirse en un instrumento capaz de modificar la oferta educativa, dando lugar a los "centros de especialización curricular" y a la selección del alumnado por el currículo. Un tipo de centros que ya se contemplaban en la LOCE y que con esta reforma educativa, se han vuelto a recuperar.

Se nos anuncia, también, un aumento de las evaluaciones externas cuyos resultados servirán para la clasificación de los centros. No debemos olvidar que todos los informes insisten en la no conveniencia de hacer valoraciones de resultados sin considerar los condicionamientos del contexto socioeconómico. Para FETE-UGT, en los centros educativos no solo se deben transmitir conocimientos, sino que se ha de desarrollar una educación integral del alumnado. La educación debe formar al alumnado para la sociedad del siglo XXI, debe cohesionar y garantizar la igualdad de oportunidades.

8. Una dirección democrática

Para los nuevos retos a los que se enfrenta la escuela se necesitan equipos directivos altamente formados en materia de gestión de centros, que garanticen el conocimiento de la estructura educativa, la gestión económica y los procedimientos administrativos. La dirección debe ser cada vez más especializada y requerir de una mayor capacitación, sin que ello suponga la creación de colectivos o cuerpos específicos de directores.

La complejidad de los centros actuales exige una dirección colegiada, en donde las decisiones se tomen contando con la necesaria participación de todo el equipo directivo y del claustro de profesores.

Desde nuestro punto de vista, parece razonable y positivo que los equipos directivos asuman mayor poder de decisión en temas de disciplina escolar, al igual que mayores facultades que les permitan agilizar las decisiones económicas y administrativas de los centros.

Lo discutible es que los directores tengan más competencias en la gestión de personal, tal y como aparece recogido en la actual Ley Orgánica de Educación. Por ello manifestamos nuestra repulsa ante aquellas propuestas que tratan de introducir, en los centros públicos, mecanismos propios de la empresa privada en cuanto a la selección del personal. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Ley de Educación de Cataluña que, al otorgar un poder excesivo a los directores, los ha convertido en jefes de personal con autoridad para participar tanto de la evaluación como de la selección del profesorado.

9. Negociación de un acuerdo básico entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sociales sobre condiciones laborales del profesorado

La anterior legislatura se cerró, no sin cierta frustración, dejando en suspense asuntos como el Estatuto Docente y el Real Decreto de Ingreso en la Función Pública, grandes aspiraciones en el campo sindical. Esperando poder retomar ahora la negociación que en su día quedó paralizada, desde FETE-UGT queremos recalcar que el nuevo Estatuto debe constar de un ingreso en la Función pública docente; una carrera profesional con unos tramos retribuidos, homologables a los países de la UE, que permitan dignificar y motivar al profesorado; una promoción profesional basada en el concurso de méritos, y el mantenimiento de jubilaciones anticipadas para el colectivo docente.

Apostamos por un RD de Ingreso a la Función Pública Docente más equitativo que el actual en lo que se refiere a la fase de concurso y a la fase de oposición, con pruebas objetivas en las que los tribunales puedan incluir escasos elementos de juicio subjetivos y, además, con una fase de prácticas, evaluable, que contemple el 100 % de las retribuciones.

Defendemos unas condiciones retributivas y laborales dignas y adecuadas al grado de responsabilidad docente y, aunque el mantenimiento de la jubilación anticipada parece difícil de justificar en un momento de crisis económica, seguimos manteniendo la necesidad de jubilarse a partir de los 60 años.

10. Impulso de la Universidad

FETE-UGT mantiene la necesidad de priorizar la educación, la investigación, y en consecuencia la universidad pública como una inversión de futuro, lo que implica apreciar y entender la dimensión social de la misma.

Entre las acciones inmediatas, resulta imprescindible garantizar la estabilidad financiera que necesitan las universidades para su gestión (personal, infraestructuras, actividades de docencia e investigación etc.), ya que los continuos recortes están imposibilitando el normal desarrollo de todo lo que conlleva el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

Son prioritarias, también, la modernización e internacionalización de las universidades, la movilidad de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. No obstante, mostramos nuestro rechazo al desarrollo de sistemas de gobernanza al más puro estilo neoliberal. La universidad no es un negocio, es un bien social.

En cuanto a las propuestas planteadas por el Ministerio de Educación ante esta nueva legislatura, señalar que compartimos con el ministro la idea de que los datos claramente demuestran la necesidad de una reflexión, particularmente si se tiene en cuenta el crecimiento exponencial, en los últimos años, del número de universidades, campus, grados, másteres y doctorados.

La Universidad, indudablemente, ha sido un elemento importante en la vertebración del territorio y no puede negarse que, en determinadas situaciones, ha tenido un impacto muy positivo, pero también es necesario señalar que, en otras situaciones, no ha existido la adecuada planificación. No puede obviarse que crear universidades ha sido una decisión política.

Tenemos que mostrar nuestro desacuerdo con la simplificación que se hace en el diagnóstico con respecto a la "no eficiencia" del Sistema Universitario Español. A partir de dos datos:

  1. Los universitarios de 25 a 29 años sin trabajo representan ya el 20,8 % de los parados en ese rango de edad.
     
  2. Sólo el 15 % de los doctores españoles trabaja en empresas privadas. En Europa, el 40%.

Se concluye que el sistema no resulta muy eficiente ni en la capacitación de los titulados superiores ni en favorecer su empleabilidad. Esta conclusión entra claramente en contradicción con el contenido de otros informes donde se detalla que nuestros titulados encuentran trabajo en Alemania (ingenieros), Francia (fisioterapeutas y enfermeros), Gran Bretaña, Polonia, Brasil, Argentina... Se trata de la famosa "fuga de cerebros", sobre la que existen abundantes datos.

No negamos la necesidad de reformas, pero no podemos dejar de considerar que tras esta triste realidad existe un contexto en que todos los analistas están de acuerdo, y que se resume en las nefastas consecuencias de la "cultura del ladrillo" que:

  • Introdujo precozmente a muchos jóvenes sin formación en el mercado laboral, con retribuciones desorbitadas.
     
  • Condenó a los jóvenes con formación universitaria a sobrevivir en absoluta precariedad, teniendo que permanecer como becarios en las Universidades y en los Organismos Públicos de Investigación, porque sus títulos no eran valorados en el mercado de trabajo.

En consecuencia, se requieren cambios más profundos y que afectan no sólo a las Universidades. Son cambios sociales y de modelo de crecimiento.

Estamos de acuerdo en que los cambios deben estar orientados en la búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización, pero sin olvidar que la Universidad Pública es un Servicio Público. También podemos compartir que un Consejo de Expertos de Alto Nivel analice el sistema universitario, pero no podemos admitir que el Ministerio se olvide de los legítimos representantes del PDI y el PAS de las Universidades.

El Ministerio de Educación ha propuesto que este Consejo de Expertos trabaje con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Este Consejo será el que proponga líneas de actuación para temas como la "implementación de sistemas de evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora e incentivar con complementos...". Pero entendemos que en esta evaluación deberemos participar los representantes del profesorado, porque tal y como se dice en el Estatuto Básico de Empleado Público "la evaluación del desempeño, por ejemplo, es materia de negociación colectiva y el marco de negociación es la Mesa Sectorial de Universidades". Esta mesa existe y ha estado funcionando hasta hace unos meses y en ella se han alcanzado acuerdos. En la misma medida que la LOU y la LOMLOU conceden un papel concreto al Consejo de Universidades a la Conferencia General de Política Universitaria, el EBEP asigna un papel concreto a la Mesa Sectorial de Universidades.

Ahora más que nunca es necesario reconocer y valorar adecuadamente la función desarrollada por el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS). Por ello no puede dejarse de lado todo lo avanzado en la negociación de normativas básicas como el Estatuto del PDI. Reclamamos dicho Estatuto, no sólo porque su necesidad está perfectamente justificada (como es el caso del Estatuto del Docente, al que sí se hace referencia), si no porque la LOMLOU así lo mandata y los plazos establecidos ya han expirado.

Finalmente, resaltar que la ansiada CALIDAD del Sistema Universitario Español, indudablemente, depende del sistema de gobernanza pero también, en gran medida, del capital humano que trabaja en ella.

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